Un accidente ocurrido el 29 de febrero de 2004 cambió para siempre la vida de Juan Carretero Gil, un jornalero de Algodonales, en la sierra gaditana. Mientras se dirigía a trabajar a un pueblo de Huelva, su vehículo colisionó con unas mulas que invadieron la carretera. El impacto lo dejó tetrapléjico y con severos daños internos que requirieron hospitalización por más de un año.
Desde entonces, la familia de Carretero ha buscado justicia y una indemnización adecuada por el sufrimiento y los gastos médicos. Tras denunciar a los guardadores de las mulas, un largo y complejo proceso legal se puso en marcha, pero la sentencia tardó cinco años y solo absolvió a los responsables de cualquier responsabilidad penal.
El caso se trasladó a la jurisdicción civil, y se dictaminó que el jornalero debía recibir una indemnización de 620,569.44 euros, más intereses y costas. Sin embargo, la pesadilla no terminó ahí. Tras el fallecimiento de Carretero en 2017, sus herederos continuaron con la batalla legal para hacer efectiva la sentencia, que ascendía a más de un millón de euros en total.
Pero los condenados se declararon insolventes, lo que ha llevado a una interminable serie de obstáculos y retrasos en la ejecución de la sentencia. A pesar de la confirmación de la sentencia y el pedido de embargo de una finca heredada, la familia todavía no ha recibido la indemnización.
El caso se ha visto envuelto en errores, negligencias y trámites burocráticos interminables que han generado un profundo descontento en en la familia. Aunque han buscado ayuda y han solicitado indemnizaciones adicionales por el retraso injustificado, la situación parece no tener fin.
El abogado encargado del caso denuncia la ineficacia y desorganización del sistema judicial en Utrera, y clama por una solución pronta y justa para esta familia que ha padecido durante 20 años una espera desgarradora.
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