Un estudio impulsado por la Diputación de Málaga y realizado por la Unión de Asociaciones de Trabajadores y Emprendedores de Andalucía (UATAE) destaca la importancia de la creación de la figura del aprendiz de autónomo para evitar que se pierda el relevo empresarial, especialmente en los municipios más pequeños de la provincia.
La diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, ha presentado hoy los resultados del estudio junto al presidente de la Unión de Asociaciones de Trabajadores y Emprendedores de Andalucía (UATAE), José García Galván, un trabajo que se enmarca en la línea de colaboración que mantienen ambas entidades.
Márquez ha resaltado el compromiso de la Diputación para fomentar el talento emprendedor, promocionándolo como motor de empleo y promoviendo con ello la consolidación del tejido empresarial, especialmente en municipios de menos de 20.000 habitantes.
En este sentido, desde la institución provincial se financia el proyecto ‘De aprendiz de autónomo a profesional’, cuya primera actuación ha sido un estudio para detectar la falta de profesionales en los diferentes sectores productivos de la provincia.
“Se trata de un estudio -ha añadido Márquez- cuyo objetivo es detectar la falta de profesionales en determinados sectores laborales, con objeto de contribuir al desarrollo económico de la provincia y fomentar, incentivar y apoyar la figura de aprendiz de autónomo”.
Por su lado, José García Galván ha incidido en que la creación de la figura del aprendiz de autónomo tiene como principal finalidad la subsistencia de las líneas de negocio en los pueblos más pequeños. “El futuro autónomo -ha comentado- debe tener un mentor. Ese puede ser el futuro del autoempleo”.
Estudio realizado
El estudio realizado por la Unión de Asociaciones de Trabajadores y Emprendedores de Andalucía refleja, en cuanto a desempleo, que el perfil medio de personas en paro es el de mujeres de 45 a 54 años de edad, con estudios primarios o no acreditados, provenientes del sector servicios y con más de 24 meses de antigüedad como demandantes de empleo.
En cuanto a trabajadores por cuenta propia, apunta a que Málaga lidera el ránking provincial andaluz con 128.600 trabajadores, especialmente en los grandes núcleos urbanos de las zonas costeras.
Otros aspectos del trabajo indican que el sector servicios constituye el nicho de empleo más demandado en todos los sectores, y sobre la situación de la mujer se recoge que se enfrentan a desigualdades significativas en el ámbito laboral, con tasas de desempleo más altas y menor participación en contratos indefinidos. La presencia de la mujer despunta únicamente en la modalidad contractual de sustitución (un 68,28%).
Málaga es la segunda provincia de Andalucía con mayor volumen de contratación de personas con discapacidad. En 2022 hubo 10.734 contratos destinados a personas con discapacidad, 6.200 a hombres y 4.534 a mujeres. El perfil de demandante de empleo es mujer, de 45 años o más, con estudios secundarios y en desempleo durante más de 12 meses y del sector servicios. Málaga impulsó el 26% de los contratos andaluces por incentivos a la contratación en 2022.
Igualmente, Málaga encabeza es la provincia con mayor número de población extranjera de Andalucía, albergando el 38,76% del total de la comunidad. La provincia también reúne el mayor número de personas extranjeras inscritas como demandantes de empleo, el 30,36% del total de Andalucía. El Régimen Especial de Autónomos representa un nicho de actividad para la población extranjera con un total de 27.427 personas afiliadas.
Como conclusiones, se señala que existe una clara demanda, tendente al alza, en el sector servicios, una escasa iniciativa e impulso del empleo público en zonas rurales, así como un crecimiento de la afiliación de personas autónomas.
En cuanto a los desafíos, las mujeres mayores de 55 años se enfrentan a las peores tasas de empleo y disminuye también la contratación de personas con discapacidad mientras aumenta el desempleo entre personas extranjeras.
Y en materia de inserción laboral se plantea la necesidad de llevar a cabo políticas e iniciativas específicas de inserción para aumentar la contratación de personas en riesgo, además de continuar promoviendo el autoempleo y el emprendimiento para abordar las desigualdades, con políticas que impulsen la inclusión y el empoderamiento económico.
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